El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar como el Estado colombiano protege los derechos de sus habitantes al momento de celebrar contratos estatales, especialmente los de obra pública que por su magnitud e importancia es más frecuente que se adjudiquen a empresas extranjera. Se parte de la hipótesis que las normas de contratación estatal existentes en el ordenamiento jurídico colombiano han sido implementadas de manera eficaz lo cual permite la protección de los derechos humanos. Primero se debe determinar que son los contratos estatales y cuales son los elementos que lo diferencian, una vez determinado esto se examinan los contratos de obras públicas, su naturaleza legal, a través de que modalidades de contratación la ley permite su adjudicación y cual ha sido su importancia en los últimos años. Para comprobar la hipótesis se utilizan dos: los principios de la contratación responsable y el caso de Electricaribe.