Evaluación psicológica forense en un caso de curatela para enfermedad de Alzheimer

Abstract

Se entiende por capacidad jurídica la aptitud genérica, abstracta o teórica, para ser titular de derechos y deberes, que corresponde a toda persona por el solo hecho de serlo (Aranda et al., 2022). Relacionado con ella, tradicionalmente se utilizaba el concepto capacidad de obrar de la persona, entendido como “la aptitud de poner en movimiento por sí mismo los poderes y facultades que surgen de sus propios derechos, y en general, para desenvolverse con autonomía en la vida jurídica” (Botello, 2015, p.619), es decir, de ejercitar la capacidad jurídica. Asociada a la capacidad de obrar, se utilizaba la figura de la incapacitación en aquellos casos en que la persona no podía desempeñarla de forma adecuada por padecer algún tipo de discapacidad física o mental. Con los avances legislativos de los últimos años, se ha sustituido el antiguo concepto de incapacitación, quedando ahora preservada la capacidad de la persona, y estableciéndose las medidas de apoyo pertinentes y proporcionales en función de sus características y necesidades para el correcto ejercicio de la capacidad jurídica (Sánchez, 2022).