El presente trabajo estudia y analiza la necesidad de que los planes de cumplimiento normativo tengan que ser eficaces e idóneos para prevenir y detectar delitos -tal y como recoge el artículo 31 bis. del Código Penal- y sus implicaciones en la práctica procesal. Para ello, en un primer momento estudiaremos y analizaremos qué significa y qué valor tiene que un plan de cumplimiento normativo sea eficaz e idóneo para prevenir y detectar delitos. Posteriormente, pasaremos a analizar cómo se puede, y se debe, acreditar y probar en el proceso penal que un plan de cumplimiento es eficaz e idóneo. Y, por último, estudiaremos quién ostenta la carga de la prueba en los procesos penales seguidos contra personas jurídicas.