Si se observa con detenimiento las estadísticas ofrecidas por el Ministerio del Interior sobre los últimos informes sobre cibercriminalidad así como las Memorias presentadas al inicio del año judicial por la Fiscalía General del Estado, en los que se ponen de manifiesto los ratios de esclarecimiento de los delitos cometidos a través de Internet o mediante el uso del mismo, se puede observar un descenso proporcional progresivo lineal claro de los hechos esclarecidos. Si seguimos la tasa lineal de disminución, en el año 2021 habrá un 15% de tasa de esclarecimiento y para el 2025, rondará el 4%. Simplemente, a través de estas cifras se pueden extraer una serie de conclusiones preocupantes que ponen de manifiesto la disminución de la efectividad en la lucha contra el cibercrimen a la vez que el aumento en las cifras de la cibercriminalidad y su impunidad. Además, los datos estadísticos mencionados no recogen una información lo suficientemente concreta y extensa que permitan describir, clasificar y analizar que está ocurriendo realmente con el cibercrimen y esas preocupantes tasas tan elevadas, de forma que se puedan estudiar, plantear e implementar medidas eficaces contra su lucha. Si bien es cierto que la patente ventaja técnica está contribuyendo a la impunidad del cibercrimen, es posible aportar soluciones procedimentales de carácter técnico y procesal que pudieran mitigar, y en ciertos casos, solventar aquellas limitaciones que impiden el buen curso de las investigaciones así como el aumento de la mencionada tasa de esclarecimiento. Por ello, a través del presente trabajo, se pretende realizar una propuesta objetiva de implementación de técnicas y metodologías concretas de investigación para el cibercrimen y mejora de asignación de recursos tanto humanos como técnicos.