En nuestra historia jurídica estaba admitido que las acciones las cometían las personas, no las empresas. Sin embargo la creciente criminalidad económica nos ha llevado a tener que organizar un sistema jurídico que evite o al menos aplaque las consecuencias de la criminalidad de las personas jurídicas. Pero no es hasta el siglo XXI, y más en concreto con la proclamación de la LO 5/2010, cuando en nuestro país se regula un sistema penal independiente sancionador orientado a las personas jurídicas. En poco tiempo se vio la necesidad de modificar la Ley y así surge la actual normativa recogida en la LO 1/2015 cuya principal novedad es la implantación de métodos de prevención y control de delitos en aras a un sistema de entes jurídicos transparente y para poder perseguir eficientemente los crecientes delitos tributarios.