El sistema español de compliance penal, articulado en torno al artículo 31 bis del Código Penal, constituye el objeto del presente análisis, que examina su aplicabilidad al ordenamiento jurídico colombiano, en el que la persona jurídica no responde penalmente. La investigación, de carácter dogmático-jurídico y comparado, examina la regulación, la doctrina y la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo, y contrapone el modelo español con la respuesta administrativo-sancionadora colombiana articulada por el Estatuto Anticorrupción y normas posteriores. Se identifican las principales debilidades del sistema español —la indefinición dogmática del defecto de organización y las tensiones procesales sobre la carga de la prueba— y se formulan propuestas para perfeccionar el criterio de imputación. Las conclusiones se proyectan al ordenamiento colombiano mediante una propuesta dual: refuerzo del modelo administrativo a corto plazo y apertura del debate sobre la introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica a medio plazo.