La actual situación de crisis económica, política y social encuentra en la evasión fiscal uno de sus factores desencadenantes. Desde la perspectiva del legislador se intenta dar una solución a dicho problema a través de una modificación de la Ley General Tributaria aportada por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, la cual introduce el art. 95 bis. Dicha norma prevé la posibilidad de difusión por parte de la Hacienda Publica Española de un listado anual en el cual se incluyen personas física y jurídicas que incumplen de manera relevante la normativa aplicable. Se investiga, por tanto, sobre la posible colisión entre dicho precepto legal y los derechos a la intimidad, honor y protección de datos personales. Se valora el respeto del principio de proporcionalidad entre la finalidad perseguida por la administración publica y la tutela de derechos fundamentales de los deudores tributarios, así como la eficacia real de la medida adoptada. Se hace hincapié en las nuevas técnica de investigación tributarias, como el Big Data, y los efectos de estas en la vida privada de las personas.