Muchos Estados son vulnerables frente a las actuaciones de algunas empresas transnacionales en sus diversas actividades que han causado afectaciones a los derechos humanos y medio ambiente. Las múltiples denuncias y los fallos dictados en arbitrajes internacionales han reiterado la necesidad de que los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas se comprometan a definir una hoja de ruta que permita la redacción de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Estos avances, postergados por más de cuarenta años, deben alcanzar acuerdos mínimos ya que los Estados desarrollados han bloqueado toda iniciativa que aborde cuestiones en contra de las empresas transnacionales. En la actualidad, no existe un mecanismo de protección de los derechos humanos para personas que han sido afectadas de manera directa o indirecta por este tipo de vulneraciones. Solo se pueden ejercer reparaciones a través de las legislaciones internas pero son insuficientes por carecer de efectos extraterritoriales.