La delincuencia empresarial es una realidad que ha permanecido latente en nuestra sociedad y que, dada la falta de legislación al respecto, incluso ha salido impune en ocasiones, por lo que existía una necesidad imperiosa de cambio, de concienciación y de regulación. Esta delincuencia corporativa resulta sofocante para el crecimiento económico, presentando graves consecuencias sociales y reputacionales en un estado de derecho, por lo que se demandaba una exigencia de cumplimiento legal también para las personas jurídicas, tal y como se venía haciendo con las personas físicas en aras de conseguir un entorno empresarial — y como consecuencia, social —, libre de delitos y corrupción empresarial. Por todo ello y como respuesta a esa necesidad, se llevan a cabo las últimas reformas penales en nuestro ordenamiento, dando paso a los programas de prevención de delitos o compliance program.