El conflicto armado en Colombia ha perdurado por más de 60 años y ha dejado a su paso más de 10 millones de víctimas a la fecha, situación evidenciada por la Corte Constitucional de Colombia como máximo órgano protector de la Constitución en una de las sentencias más emblemáticas en relación al conflicto T-025 de 2004, donde ordenó al Estado colombiano adoptar e implementar políticas, programas o medidas positivas para lograr una igualdad real de condiciones y oportunidades de satisfacción progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales básicos de la población víctima. Las ordenes de la Corte Constitucional condujo a la formulación e implementación en el derecho interno de varios mecanismos de justicia transicional con leyes que fueron promulgadas desde el Congreso de la República, primero, a través de la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz firmada para lograr la desmovilización de los grupos paramilitares o Autodefensas -AUC, segundo, la Ley 1448 de 2011 llamada Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, y por último, el Acuerdo de Punto Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado con el grupo guerrillero de las FARC que al final logró su incorporación a la vida civil, herramientas jurídicas propuestas para dar cumplimiento y prevalencia a los derechos que presenta la transicionalidad, el derecho a la verdad, justicia y reparación, con garantías de no repetición de las víctimas.