El concilio provincial toledano, celebrado en Aranda de Duero en 1473, tiene importantes consecuencias en el Derecho matrimonial canónico por las disposiciones que afectan al matrimonio clandestino y a los tiempos prohibidos para su celebración. La solución adoptada sobre el matrimonio clandestino supone un antecedente sobre la que se promulgó en 1563 mediante el decisivo Decreto Tametsi. Junto a la motivación oficial de la convocatoria del concilio, hay otra de carácter político ante el conflicto sucesorio que se iba a producir un año después, con la muerte de Enrique IV. Este concilio se convierte en una reunión de las máximas autoridades de la Iglesia castellana para tomar partido por Isabel en sus aspiraciones para acceder al trono. Para entender correctamente este conflicto sucesorio hay que tener en cuenta dos cuestiones relacionadas con el Derecho matrimonial canónico como es la impotencia de Enrique IV, que ya le valió para la declaración de nulidad de su primer matrimonio, y la cuestionada dispensa para contraer matrimonio de los futuros reyes Isabel y Fernando, entre los que existía un impedimento de consanguinidad.