Este artículo pretende analizar el contexto y algunas posibles consecuencias políticas de la nueva institución de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), creada por el Tratado de Lisboa, cuyo Reglamento entró en vigor el pasado 1 de abril. Se trata de un mecanismo que pretende salvar los déficits democráticos de la Unión y que tal vez pueda conseguir una mayor implicación de la ciudadanía en el proyecto comunitario.