El presente trabajo tiene por el objeto evidenciar la problemática del delito de lavado de activos, y en concreto cómo sus efectos pueden ser contrarrestados en la fase de investigación preliminar a través de la medida de incautación, cuya eficacia viene condicionada por la presencia de una regulación normativa que cumpla con las recomendaciones internacionales. En el contexto actual, el incremento de la delincuencia económica ha puesto en evidencia que los investigados por el delito de Lavado de Activos mantienen en su esfera patrimonial considerables activos de origen ilícito, los mismos que tienen por objetivo favorecer o acrecentar otros delitos de suma gravedad (tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, trata de personas, corrupción de funcionarios, entre otros). En buena cuenta, este delito económico, sirve para financiar tales delitos graves en perjuicio de los Estados y de la sociedad en general. En ese sentido, el derecho procesal penal ofrece mecanismos para mejorar las estrategias de investigación frente al delito; de forma específica, puntualizaremos en las medidas cautelares reales, y particularmente la incautación de bienes, la cual cumple con la finalidad inmediata de contrarrestar el patrimonio ilícito del investigado.