Las fusiones apalancadas han generado desde su origen innumerables opiniones, interpretaciones, debates en cuanto a su licitud y, en la práctica, han desembocado en numerosas sociedades concursadas. Con la entrada en vigor de la LME en el 2009, el legislador trató de solventar las dudas y efectos negativos que las fusiones apalancadas podían ocasionar, así como de dotar a nuestro ordenamiento de una mayor seguridad jurídica, regulando por primera vez en nuestro país, estas operaciones. No obstante, y si bien es cierto que la LME ha conseguido despejar las principales incógnitas que surgían en relación a las fusiones apalancadas, se han suscitado nuevos debates en torno a las mismas y en torno al artículo 35 de la LME, no habiendo, en consecuencia, dotado a las fusiones apalancadas de la seguridad jurídica que requieren para operar con normalidad en el ordenamiento jurídico.