La modernización de la Administración exige una reorganización del sector público estatal que cumpla escrupulosamente con los principios de orden constitucional, como eficiencia, economía y estabilidad presupuestaria. Entre otras cuestiones, la racionalización de la Administración pasa por la reducción y simplificación de las entidades públicas y un mayor control de los gastos en el sector empresarial y fundacional, como prevé la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.