Este trabajo aborda los retos que enfrentan las Administraciones Públicas en la gestión de la eliminación y conservación de datos personales, en un contexto normativo que combina la normativa de protección de datos con disposiciones específicas de archivos, transparencia y patrimonio documental. El objetivo principal es examinar cómo estas normativas impactan en la aplicación del derecho de supresión y el principio de limitación del plazo de conservación por parte del sector público, diferenciando su tratamiento respecto al sector privado. La metodología se ha centrado, principalmente, en el análisis detallado de la normativa aplicable y las consideraciones que al respecto ha emitido la AEPD, y de casos prácticos para comprender cómo las Administraciones Públicas gestionan la conservación y eliminación de datos en un marco normativo complejo. Se concluye que, aunque la eliminación de datos en el sector público está mucho más restringida que en el sector privado debido a sus obligaciones legales específicas, pueden implementarse medidas como el derecho al olvido, el derecho de oposición o la digitalización, entre otros, para reforzar la protección de los derechos de los ciudadanos. Este trabajo subraya la importancia de adoptar soluciones que equilibren las necesidades de conservación documental con el respeto a la privacidad.