La inclusión de criterios de Responsabilidad Social en los procedimientos de licitación de contratos públicos en España representa una novedad sustancial en la actividad de la Administración poco estudiada. Para esclarecer las implicaciones de lo anterior, este estudio propone un objeto acotado: la contratación pública de obras, suministros y servicios por parte del Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Tenerife, desde 2020 a 2023. A través del análisis del contenido de los pliegos que rigen las condiciones de los contratos, se determina el grado de adopción de criterios de adjudicación socialmente responsables durante el proceso de licitación, conforme a la normativa de contratación vigente, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Además, el análisis identifica los contratos que no introducen criterios de responsabilidad social, si bien la difícil vinculación entre el objeto del contrato y las cláusulas de adjudicación resulta ser el mayor impedimento. Por último y en base a lo anterior, se propone la introducción de criterios aplicables al respecto en aquellos contratos de mayor relevancia.