El sistema de administración de justicia penal ecuatoriano se encuentra en crisis; la vulneración de principios y garantías procesales en la sustanciación de los procesos judiciales es una realidad imperante en todas las esferas jurisdiccionales. Una muestra de ello es el procedimiento abreviado cuya adecuación ha dado apertura al sacrificio de normas básicas del debido proceso por crear un falso ideario de celeridad procesal y eficiencia judicial, puesto que su aplicación deviene en la admisibilidad de un acuerdo conciliatorio entre el procesado y la Fiscalía, el cual tiene por finalidad aceptar la culpabilidad en la comisión del delito investigado, sin la necesidad de presentar a juicio elementos de convicción que motiven el fallo inculpatorio a ser emitido por el juzgador. Esta autoinculpación es compensada con la atenuación de la pena a ser impuesta al presunto infractor. Sin embargo, la adecuación de este procedimiento especial pone entre dicho la objetividad de los órganos jurisdiccionales, puesto que están direccionados a emitir sentencias condenatorias sin antes destruir uno de los principios básicos del Derecho Penal, la presunción de inocencia.