La Constitución Española de 1978 (en adelante CE), norma que representa la concepción del pueblo español sobre la idea de Libertad y Justicia, considera a los presos como sujetos de derechos fundamentales. Bajo esta misma escala de valores superiores establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social (art. 25.2 CE). En el presente trabajo analizaremos la necesidad de la figura de la prisión permanente revisable como máximo paradigma retributivo simbólico, en respuesta a la idea de fracaso de la reeducación y la reinserción social y a la necesidad de fortalecer la confianza de la sociedad en la Administración de Justicia, abordando desde una perspectiva criminológica el impacto social que ha supuesto la instauración de esta pena de prisión en el ordenamiento jurídico español.