Hace más de cuatro décadas, se aprobó la Constitución Española, bajo un clima de consenso y responsabilidad ante la magnitud y trascendencia que suponía la redacción, y posterior aprobación, de nuestra norma suprema. Este espíritu constructivo facilitó el encuentro de espacios comunes de entendimiento, cuyo fruto fue la aprobación de nuestra norma constitucional. Desde entonces, y a pesar de la enorme evolución que ha experimentado la sociedad española, sólo se han llevado a cabo dos reformas mínimas, motivadas por nuestra integración en la Unión Europea. La razón principal es la excesiva rigidez del procedimiento de reforma establecido en la propia Constitución Española, que en un clima de fragmentación y crispación política la hace prácticamente inviable, con respecto a ciertas materias. Sin embargo, esto no es razón suficiente para justificar la inoperancia, en este sentido, tanto del poder legislativo como el ejecutivo, no asumiendo de esta manera funciones inherentes a su cargo. La consecuencia es el posible incumplimiento de algunos valores constitucionales y la creciente vulnerabilidad de la Constitución Española, que corre el riesgo de perder parte de su eficacia, representatividad y reconocimiento, como instrumento legal esencial bajo el que todos los españoles nos sentimos representados.