La transformación actual del contexto universitario, a partir del marco establecido por el Espacio Europeo de Educación Superior, supone un proceso clave para redefinir y reorientar las competencias profesionales de los futuros docentes en vistas a la consecución y transformación de unas prácticas educativas inclusivas. Con la asunción de este nuevo reto la educación universitaria ha de caminar hacia una mayor calidad y equidad, siendo necesario para ello, como apuntan Durán et al. (2005), una formación basada en las distintas diferencias existentes; una preparación del profesorado que permita enseñar en diferentes contextos y realidades y no en una escuela homogénea; una formación que contemple unos conocimientos teóricos y prácticos sobre las necesidades educativas más significativas asociadas a la diversidad social, cultural e individual así como unas nuevas estrategias curriculares (Lledó et al., 2014). Como afirma Paz-Maldonado (2020), el alumnado en situación de discapacidad es considerado un grupo vulnerable, pues suele presentar menor rendimiento académico que el resto, pero por eso mismo, tiene el derecho a una formación de calidad que favorezca su autonomía y su desarrollo integral (Cruz-Vadillo & Casillas-Alvarado, 2016).