La nueva era electrónica en la que vivimos hace que cada vez tengamos que acudir más a la prueba digital para acreditar el hecho delictivo, ya sea en delitos clásicos o en delitos cibernéticos. Ello implica una urgente necesidad de modificar los planteamientos que hasta ahora teníamos sobre la prueba en derecho penal, pues los métodos de incorporación al proceso de la evidencia digital y su validez o ilicitud por vulneración de derechos fundamentales tienen implicaciones en principios penales básicos, como legalidad, culpabilidad y presunción de inocencia. El esfuerzo en el que han de verse involucrados todos los operadores jurídicos es clave para avanzar en una materia en la que existen muchas peculiaridades que exigen una gran especialización y conocimiento, pues la realidad tecnológica avanza a pasos agigantados y nuestra sociedad, y la Administración de Justicia, no está preparada para lo que en un futuro cercano va a suponer acreditar, desde un punto de vista digital, las conductas delictivas.