España ha sido el octavo país del mundo en legalizar la eutanasia y la ayuda al suicidio, hasta ahora solo reconocida en Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo (2001-2002), Suiza (donde está despenalizados hace años el suicidio asistido prestado por entidades privadas); y, ya fuera de Europa, Colombia (1997) -a la que dedicaremos una atención particular-Canadá (2016), algunos Estados de Australia y de Estados Unidos y, recientemente (2022) Nueva Zelanda. La nueva ley española tiene algunas singularidades, en contraste con la mayoría de las leyes de otros países que han legalizado esta práctica: en primer lugar, el reconocimiento de un nuevo derecho subjetivo a solicitar de terceros la propia muerte, fundado en la autonomía y la libertad humanas, y una concepción bastante restrictiva del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, materializada en la implementación de un registro público de objetores.