Los honorarios de los abogados, partiendo del acervo histórico legado por el derecho romano, han sido un tema tradicionalmente objeto de atención deontológica por parte de los colegios de abogados, tanto en los sucesivos estatutos que ha tenido la profesión de abogado como en el ámbito más complejo de los códigos deontológicos de la abogacía. En nuestros días ese contexto normativo tradicional tan marcado por la autorregulación de los colegios profesionales se ve complementado por el derecho de consumo que parece entender la relación jurídica entre abogado y cliente como un tipo contractual más de los entran bajo el ámbito jurídico de atención sustrayéndolo, en consecuencia, de la mayor autonomía privada que hasta no hace mucho tiempo venía marcando la relación contractual entre abogado y cliente. Igualmente, el establecimiento del procedimiento especial sobre los honorarios del abogado contemplado en la LEC., condiciona desde la perspectiva procesal el marco de reclamaciones contractuales al respecto, abriendo una vía procedimental privilegiada y especial para los abogados que, sin embargo, resulta bastante controvertida generando no pocos problemas procesales.