La pena de privación de la patria potestad cuenta con casi tres lustros de vigencia en nuestro ordenamiento. Sin embargo, sigue presentando las mismas carencias dogmáticas y político-criminales desde el primer día. La incidencia en su protagonismo ha venido agravando esta realidad. En este artículo se exponen algunas de las cuestiones más problemáticas que rodean los caracteres generales de esta pena.