Desde la aparición hace más de una década de los criptoactivos, cuya definición jurídica no ha llegado a nuestro ordenamiento hasta la trasposición de la quinta directiva europea en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en 2021, se ha estimado este producto y este mercado, así como todo el entorno situado en las finanzas descentralizadas, como una práctica de gran riesgo en materia de blanqueo de capitales, por facilitar la opacidad y no existir trazabilidad sobre el origen de los fondos, y así permitir canalizar dinero procedente de actividades delictivas. Realmente constituye una práctica significativa del delito de Blanqueo de Capitales la operativa con criptomonedas. Ofrece la regulación actual un marco jurídico legal seguro para este nuevo mercado. Puede la regulación contener el blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas y, de no ser así, de qué carencias adolece. Se puede combatir este delito.