Los actos subversivos y terroristas que se pretendían desplegar con la materialización de la conjura de Catilina, provocaron la activación de un mecanismo de excepción -el senatus consultum ultimum- que dotaba a los cónsules de poderes prácticamente ilimitados para restaurar el orden de la República. Desde su alumbramiento en época de los Gracos, este decreto de protección, alternativo al nombramiento del dictator que predominó en épocas pasadas, estuvo ya ennegrecido por el cuestionamiento de su encaje constitucional, pues suponía la suspensión de las garantías jurídicas de los ciudadanos en aras de la seguridad pública, justificándose con ello el empleo de actos represivos de cualquier índole por parte de sus ejecutores. Entendido por unos como el último recurso necesario para garantizar la supervivencia de la comunidad y de su orden establecido, y por otros, como una extralimitación antijurídica de la plutocracia romana para asegurar su estabilidad y permanencia, su utilización sobrevino necesaria para aplastar el terrible golpe de Estado que unos extremistas pondrían en marcha en las postrimerías del año 63 a.C., de no ser detenidos.