La combinación de crisis inmobiliaria y sobreendeudamiento está paralizando nuestra economía. Además, la creciente dificultad de las familias para pagar el crédito hipotecario sobre su vivienda plantea gravísimos riesgos en el plano social, financiero y económico. Las medidas tomadas hasta ahora son insuficientes y hay margen para tomar otras que favorezcan la reestructuración de esa deuda, hagan más eficiente la ejecución, limitando los abusos y evitando la exclusión social de los deudores.