Este artículo analiza la tensión estructural entre el modelo autonómico español y las obligaciones internacionales del Estado en la protección de menores migrantes no acompañados. A partir de una reconstrucción normativa, jurisprudencial y doctrinal, se examina cómo la fragmentación competencial generó hasta 2025 un sistema desigual e ineficaz, en el que la garantía del interés superior del menor dependía del territorio de llegada. El estudio toma como eje de análisis el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que introduce por primera vez un mecanismo estatal obligatorio de redistribución interterritorial, basado en criterios objetivos, coordinación reforzada y financiación compensatoria. A lo largo de siete epígrafes, se evalúan sus implicaciones constitucionales, operativas y éticas, se comparan modelos europeos —como los de Italia, Francia, Alemania y los países nórdicos— y se formulan propuestas de reforma normativa. Entre estas destacan la planificación estructural, la participación del menor en el proceso, la trazabilidad institucional y una futura ley orgánica específica. Se concluye que el nuevo modelo representa un avance relevante, pero aún limitado, que requiere profundización jurídica y consenso político para garantizar una protección equitativa, sostenible y coherente con el derecho internacional de los derechos humanos.