Colombia ha sido un país de conflicto armado permanente, fenómeno que ha traído consigo guerras sangrientas, posicionamientos sempiternos de poderes y una continua violencia armada en el territorio nacional. La atención integral a las víctimas como normativa y como derecho, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario debe ser la prioridad de todo gobierno y labor estatal. No obstante, en el país sigue siendo un proceso lento, que viene afectando las dinámicas de participación comunitaria en algunas comunidades; por lo que se hace pertinente, acciones alternas de intervención que converjan en este proceso de reparación, perdón y reconciliación, a fin de seguir contribuyendo a la transformación social de las comunidades; sobre todo aquellas que desde el ejercicio organizativo procuran contribuir en esa labor humana.