El confinamiento obligado de la población ordenado en España por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria acaecida por el Covid-19, y sus sucesivas prórrogas, ha supuesto una notable amenaza y un aumento del riesgo para las víctimas de violencia de género y doméstica. La convivencia permanente entre agresor y víctima, nunca antes sufrida con esta intensidad, ha supuesto que el miedo a la pandemia quedase anulado por un temor aún mayor: tener al enemigo en casa. En este artículo se analizan las medidas adoptadas por el Gobierno en este sentido, las posibles consecuencias penales de la violencia ejercida en este período y las particularidades procesales existentes, así como las medidas judiciales necesarias que prevén adoptarse para la efectiva protección de las víctimas y la agilización de los procesos por el incremento de denuncias.