La Constitución española reconoce la autonomía universitaria como derecho social, para que las universidades alcancen eficazmente sus fines de servicio a la sociedad a través de la adecuada gestión del conocimiento. El panorama actual, universitario y social, revela grandes carencias para garantizar una verdadera autonomía universitaria que debe apoyarse, previamente, en una planificación del modelo de sociedad del conocimiento requerido para alcanzar autonomía social.