La Constitución española establece un modelo abierto que no concreta los mecanismos de coordinación del Estado autonómico y los instrumentos que hasta ahora han garantizado la distribución de competencias ha perdido gran parte de su eficacia. Juan Ignacio Romero analiza las novedades que en este aspecto se presenta en la propuesta de reforma de la Administración, como la regulación de las comisiones sectoriales o el acceso a los sistemas informáticos.