Bajo el soporte conceptual del Plan Justicia 2030 se procede a una intensa remodelación de nuestro sistema de justicia civil. La promoción de los ADR y la digitalización parecen ser los fundamentos de un nuevo paradigma de justicia orientada a la búsqueda de una eficiencia que puede condicionar injustificadamente el derecho de acceso a la jurisdicción y la praxis de la litigación civil. Bajo estos fundamentos los jueces se convierten en gestores de conflictos en un contexto caracterizado por una creciente privatización, la expansión de la cultura de los ADR más allá de su encaje tradicional como negocios jurídicos de solución de disputas entre privados y la planificación de un contexto de justicia civil digitalizada.