En el trabajo se pone singularmente el acento en examinar lo relativo a las modificaciones que, sobre distintos textos normativos, implica la polémica Ley Orgánica 10/2022 y la ulterior LO 4/2023, de 27 de abril. Así, aludiremos a los cambios, con relevancia desde la perspectiva jurídico-procesal, implementados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal; la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores; la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito o la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Y en lo que respecta a las modificaciones operadas sobre la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se trata lo atinente a los requisitos de perseguibilidad de los delitos de violencia sexual. Concentramos también nuestra atención en las actuaciones (con singularidad, las exploraciones de las víctimas y obtención de muestras biológicas) para acreditar el delito sexual, habida cuenta de la relevancia y virtualidad de la prueba en el marco del proceso penal, lo que pone de relieve la necesidad de promover la efectiva especialización en violencia sexual de las unidades de valoración forense integral que asisten a los juzgados de Violencia sobre la mujer, así como la especialización del personal médico forense. En suma, se proporciona una visión jurídica general de las novedades que en materia procesal ha supuesto la promulgación de la LO 10/2022, de 6 de septiembre, pues las consideraciones que conciernen al derecho sustantivo o material y al ámbito de la Criminología se abordan por otros expertos investigadores en los distintos capítulos de esta obra colectiva.