El principal objetivo de este estudio es centrarse en la regulación y práctica de las pruebas genéticas realizadas con fines de investigación criminal, con especial énfasis en su potencial como prueba excluyente en procesos penales. El análisis se basa en la situación histórica y actual del ordenamiento jurídico español (pendiente de una reforma integral de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) y los retos que plantean casos reales, como el de Ahmed Tommohui, quien, tras cumplir una pena de prisión durante años, fue finalmente declarado inocente por el Tribunal Supremo, en el marco de un recurso extraordinario de revisión de sentencias firmes. Para la resolución de este recurso excepcional o, mejor dicho, del proceso autónomo de revisión de sentencias firmes, se presentaron cruciales los resultados de las ADN realizadas en su momento e ignoradas en el juicio, ante la falta de ratificación del informe pericial por parte de los técnicos que lo emitieron.