El presente trabajo pretende abordar desde una perspectiva de género, la evolución de los delitos sexuales, a personas mayores de edad, en España. Desde la concepción decimonónica que se extenderá hasta el fin de la dictadura franquista, incardinada en la moral pública de marcada influencia eclesiástica, en la que el legislador castiga la falta de honestidad, cebándose de manera especial en la “mujer díscola”, que con su conducta ofende a la sociedad y al honor del varón frente al que debe responder, padre o esposo, hasta la regulación actual, garante de la libertad, propia de un Estado de Derecho laicista, que se abstiene de entrometer ni censurar, los comportamientos sexuales conveniados válida y libremente. El enfoque de género viene impuesto por las estadísticas. Ambos sexos son víctimas y victimarios de delitos contra la libertad sexual, si bien la prevalencia en la mujer es abrumadora3 . En los últimos meses, el mediático caso de “La Manada”, ha reabierto el debate en la sociedad española respecto a la suficiencia del testimonio del sujeto pasivo para enervar la presunción de inocencia, la oportunidad de mantener dicotomizados agresión y abuso, en base a la ausencia o presencia de los elementos violencia o intimidación, en definitiva, si debe redefinirse el tipo penal “violación” acogiendo aquellos supuestos en los que se produzca acceso carnal sin que medie consentimiento expreso. El legislador en su reproche penal no debe improvisar a golpe de telediario, pero sí está obligado a cumplir los instrumentos internacionales y comunitarios vinculantes. El Convenio de Estambul4 , engloba la sexual como una forma más de violencia contra la mujer. La plena aplicación de esta Convención, así como la reciente aprobación del Pacto de Estado5 y el trabajo en ciernes de la Comisión General de Codificación6 , auguran cambios en el Título VIII del Código Penal7