El trabajo analiza el delito previsto en el artículo 385.2 del Código Penal, relativo a la omisión de restablecer la seguridad de la vía cuando exista obligación jurídica de hacerlo, en el marco del Derecho penal de la seguridad vial. La investigación pone de manifiesto su escaso desarrollo doctrinal y, especialmente, su escasa aplicación práctica, evidenciando una paradoja político-criminal: frente al creciente reproche penal de la conducción peligrosa, la deficiente conservación de las vías y la inacción institucional ante situaciones de riesgo apenas reciben respuesta penal. El estudio examina el bien jurídico, la ratio, las modalidades comisivas, los sujetos activos y los deberes de garante, así como la naturaleza del riesgo exigido y la suficiencia de la legislación, incorporando datos sobre su persecución y sanción. Finalmente, formula propuestas de lege ferenda sobre la precisión del deber, el verbo típico, la modalidad imprudente y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.