En el actual contexto de crisis económica hay un aspecto en el que todos coinciden: el Estado y sus instituciones tienen que ser reformadas. El Estado de bienestar, tal y como fue configurado, exige una revisión de fondo que, como pone de manifiesto Pablo García-Manzano en este artículo, pasa por delimitar claramente las competencias del sector público y por idear un sistema de financiación saneado y equilibrado.