La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la delincuencia medioambiental aparecen íntimamente imbricadas en la práctica, toda vez que las empresas pueden ser causantes de peligros y daños al medioambiente con relativa frecuencia. La exigencia de un programa de cumplimiento medioambiental para las empresas exige tener muy en cuenta las particularidades y dificultades añadidas que aparecen en el sector normativo relativo a la protección del medioambiente y los recursos naturales, que combina la existencia de delitos muy técnicos con normas y sanciones de carácter administrativo. En el centro de estos programas de cumplimiento se sitúan los mapas de riesgos, que, si son eficaces, pueden determinar en la práctica la exención o atenuación de la pena aplicable a la empresa. En este trabajo se analizan todas estas cuestiones, y se centra la exégesis en las tres fases que componen el mapa de riesgos medioambiental: identificación, evaluación y gestión del riesgo.