Este artículo analiza cómo las democracias europeas están tolerando –cuando no promoviendo– la proliferación de mensajes denigrantes hacia aquellos ciudadanos que viven su religión, especialmente la católica, y reclaman la presencia de esta experiencia en el ámbito público; sufriendo por todo ello una discriminación que es amparada sistemáticamente por las instituciones políticas, alcanzando niveles de delitos de odio que en ningún caso serían admisibles en relación al género, la raza, la discapacidad o la orientación sexual. Los delitos de odio por motivos religiosos hacia el catolicismo se han convertido en norma, legitimando las afrentas hacia una religión que se caricaturiza como colonialista y a unos seguidores a los que se etiqueta como privilegiados explotadores, siendo todo ello producto de una confusión interesada entre el fenómeno de la secularización y el del laicismo. Así, desde la premisa jurídico-político de la laicidad del Estado, se demoniza como fundamentalista cualquier manifestación de un creyente católico que, desde el respeto absoluto a los valores democráticos, proponga sus principios como valores propositivos para la sociedad y la vida pública; aptitud que, en aras de la paz social y como manifesta-ción de un laicismo que se ha convertido en una ideología que busca erradicar del ámbito púbico cualquier vinculación de Dios en las vidas humanas y en sus estructuras, es tole-rada paradójicamente en relación a religiones objetivamente fundamentalistas o respecto a posiciones visceralmente hostiles hacia la religión. Consideramos que este trato es aplicado al catolicismo con el fin de acallar su influencia moral, ya que, además de agente fundamental en el proceso histórico de institucionalización del poder temporal, constituye un baluarte frente a cualquier abuso de intromisión política en la vida de las personas. En definitiva, en aras de instaurar el pensamiento único del Estado, se trataría de deslegitimar el mensaje evangélico de la Iglesia en su denuncia a todo tipo intervencionismo, dependencia y control estatal que vulnere el pleno desarrollo de la libertad y la dignidad humana.