En este trabajo se realiza una exposición crítica de la figura de los bloqueos patrimoniales que se acuerdan en fase de instrucción. Se trata de una medida que carece de una regulación específica y en ocasiones se han producido excesos en su empleo, generando notables perjuicios a las personas investigadas. Por ello, se realiza un recorrido por la normativa legal aplicable a las medidas cautelares reales y al decomiso. En segundo lugar, se efectúa un análisis de su aplicación por los tribunales. Por último, se suministran una serie de criterios de interpretación restrictiva de dicha figura, desaconsejando su empleo por su contradicción con el principio de proporcionalidad.