La presencia en nuestra vida cotidiana de las más modernas tecnologías de la información y la comunicación, así como de la llamada inteligencia artifi cial (IA), es cada vez mayor a la par que más valiosa. Las Administraciones públicas no pueden permanecer inmóviles ante una nueva realidad social que ofrece también una brillante oportunidad para incrementar su efi ciencia y efi -cacia en ámbitos muy concretos como, por ejemplo, la lucha contra el fraude y las irregularidades. Los retos y desafíos jurídicos que presenta la IA, empero, son muchos y muy signifi cativos, cuya afectación se proyecta en ámbitos tan diversos como la protección de datos personales, la igual-dad, la seguridad jurídica, la transparencia y la rendición de cuentas, entre otros. Los problemas se multiplican exponencialmente en el ámbito de la Administración de Justicia y, muy especial-mente, para determinados usos en el marco del proceso penal. Aunque la justicia no es ni debe convertirse en un mero acto de predicción ni en un modelo matemático que pueda encerrarse en fórmulas, no es menos cierto que el empleo de la IA para fi nes concretos puede resultar muy útil en todos los órdenes jurisdiccionales. El presente artículo plantea en este complejo entramado los términos del debate analizando el marco legal europeo, los usos de la IA en el ámbito de la justicia penal y su impacto en los derechos fundamentales.