La reforma operada en virtud de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo profundiza en las buenas prácticas del gobierno corporativo como vía para mejorar la eficiencia y la responsabilidad en la gestión de las sociedades. Dicha ley ha plasmado una tipificación más precisa de los deberes de diligencia y lealtad de los administradores y de los procedimientos a seguir en caso de conflicto de interés. En el año 2010, se reforma el Código Penal, introduciendo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las que podrán exonerarse de responsabilidad si cuentan con Programas de Compliance. El interrogante que se nos plantea, es si frente a este nuevo escenario, se amplían las conductas por las cuales los administradores podrán responder frente a la sociedad, socios o terceros.