Partidos políticos y corrupción: sus formas de financiación

Abstract

En cualquier debate político, es temática segura los casos de corrupción relacionados con la financiación de los partidos políticos, y llama la atención que, no se hubiera planteado seriamente una regulación específica anteriormente, pues los cargos de un partido político, a efectos penales no son funcionarios públicos, lo que hasta ahora colmaba una laguna legal. Los historiadores datan que, España lleva sufriendo la corrupción como tal desde mediados del siglo XVI y, se ha quedado implantada como si la llevásemos en nuestros genes. Para profundizar y entender el momento actual que vivimos, relacionado con la forma de hacer justicia y política, se ha analizado desde que comenzó la democracia en nuestro país, entendiéndolo como un momento de gran cambio en el sistema, y de oportunidad reflexiva de decidir cómo dirigir el rumbo de los poderes públicos. España es un país con los poderes descentralizados, y con un reparto claro de competencias, que genera la existencia de al menos tres administraciones al frente de ellas, lo que sin duda esa circunstancia ha dado más posibilidades a que la ética al servicio público haya estado envenenada por el enriquecimiento de los dirigentes políticos y sus partidos. Eso ha llevado a sufrir la mayoría de casos de financiación ilegal de los partidos, en ayuntamientos y comunidades autónomas, mayoritariamente relacionadas con las competencias de urbanismo. Todo ello lleva a reflexionar sobre la forma de financiación de un partido, pues en nuestro caso el sistema es mixto, sus recursos económicos proceden tanto del ámbito público, como del privado, lo que ha dado pie a que la legislación haya sido cada vez más restrictiva en limitar las cantidades y sujetos posibles a ser donantes, pues para el legislador ha sido un desafío permanente mantener el control de la financiación política.