El análisis jurídico realizado incluye una revisión de la normativa nacional e internacional dirigida al Estado y agentes públicos así como de los estándares de soft law y mecanismos de supervisión interna propios de la industria del juego. Se han identificado oportunidades de mejora desde la perspectiva preventiva de los derechos de la infancia y desafíos normativos en su abordaje penal (criminalización y persecución). Paralelamente, desde una perspectiva criminológica se ha realizado un estudio empírico de observación participativa en el videojuego Fortnite, donde se detectó un 40,74 % de interacciones con indicios de ciberacoso. Esta evidencia identificó debilidades en las medidas de seguridad de las plataformas y la necesidad de mecanismos preventivos tempranos. Se concluye que la protección de los menores frente al grooming en videojuegos requiere una acción multinivel y multiactor, en la que participen juristas, criminólogos, desarrolladores de videojuegos, pedagogos y agentes educativos, con el objetivo de crear una cultura digital segura y de responsabilidad compartida. No obstante, se parte de la premisa de que la educación y concienciación de menores se articula tanto como una herramienta de prevención así como un precursor de la eficacia de los mecanismos de detección, denuncia y reacción temprana. Por ello, la seguridad de los menores en los videojuegos online no puede reducirse a soluciones tecnológicas.