Este artículo trata la problemática social de la ocupación ilegal de viviendas de particulares sin su consentimiento.La Ley 5/2018 regula esto con la f‌i nalidad de restituir el derecho de posesión vulnerado al legítimo propietario o moradores en un plazo corto de tiempo. Sin embargo esta f‌i nalidad se vulnera al contestar a la demanda los ocupas ilegales y ejercer su derecho a la justicia gratuita o presentando un contrato de arrendamiento nulo. Esto provoca un alargamiento del procedimiento judicial.Por ello, se dan recomendaciones al legislador para resolver las cuestiones que impiden el cumplimiento de la f‌i nalidad de la Ley.