La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006, ratificada por España en 2007, y en vigor desde 2008 (Ley 6/2022) estableció en su artículo 24 que “Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida” (Organización de las Naciones Unidas ,ONU, 2006, pp. 18-19). Posteriormente, el Real Decreto Legislativo 1/2013 actualiza y amplia el marco legal, estableciendo medidas que favorezcan el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad como, el derecho a la igualdad de oportunidades, el derecho a la no discriminación, el derecho a la autonomía personal y el derecho a la participación, promoviendo así, la inclusión social, y la formación y el empleo en las personas con discapacidad. Este Real Decreto Legislativo 1/2013 ha sido modificado recientemente con la Ley 6/2022, de medidas urgentes de protección de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.