El debate sobre la nueva ley de eutanasia ha vuelto a poner el foco en el valor que el ordenamiento otorga a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud. En este caso, el legislador, no se ha limitado a la regulación individual de este derecho, sino que ha extendido los efectos de la ley a las instituciones sanitarias privadas. En este estudio se trata de argumentar, desde una perspectiva constitucional, si existe o no un anclaje jurídico suficientemente sólido para defender la legalidad de la objeción de conciencia institucional o colectiva