El artículo reflexiona en torno a la función del derecho penal en la actual sociedad del riesgo, se plantean interrogantes sobre su auténtica capacidad para hacer frente a la amplia pluralidad de amenazas ideadas desde la política criminal y medios de comunicación. Se presenta el caso de la mutilación genital femenina y se concluye la incapacidad del instrumento punitivo del Estado para dar una respuesta certera que permita atajar de raíz dicho fenómeno cuyas casusas son sociales y multifactoriales, no de ausencia de punibilidad.